El reciente nombramiento de Ramón Ángel Frías al frente de la policía cordobesa trajo a la primera plana de los medios nacionales el debate sobre cuánto se adecuaron a los tiempos democráticos las fuerzas de seguridad y en qué medida siguen manejándose con la lógica del terrorismo de Estado. La decisión de poner a Frías en el cargo fue tomada a fines del año pasado por el ministro de Seguridad provincial, Daniel Alejo Paredes, el ex jefe policial elegido por José Manuel de la Sota para hacerse cargo de un eje que es parte esencial de su proyecto presidencial. De esta manera, el gobernador de la provincia mediterránea busca perfilarse como un hombre de mano dura, planteando como principal política empoderar cada vez más a la policía, que todavía no puede despegarse de sus lazos con la dictadura, que se constatan día a día, ante la catarata de denuncias de amenazas, apremios, torturas y hasta desapariciones. Las víctimas, preferentemente jóvenes.
Detrás de la dupla Paredes-Frías hay una fuerza con comisarías denunciadas por extorsiones y también por “fabricar” cifras, es decir, producir detenciones arbitrarias con tal de llenar un mínimo por turno. Todo sea para satisfacer las ansias de más seguridad, una seguridad que en Córdoba –y en todo el país– se muerde la cola: a más policías con más poderes, pareciera haber mayor inseguridad. La policía de Córdoba tiene más de 20 mil efectivos. Si se toma la cantidad de policías per cápita, la fuerza cordobesa es una de las más numerosas del país. Según informó el gobierno provincial, hay un efectivo cada 168 personas; en las provincias de Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires esa relación es de 188, 205 y 273 habitantes por cada agente, respectivamente.
No bien fue nombrado, Frías quedó en el centro de la polémica. Pesaba en su contra una denuncia, de 2009, por amenazar al por entonces comisario Julio Giménez, querellante y testigo en una causa de derechos humanos. Giménez sostiene que Frías le dijo “vas a tener el mismo fin que tu papá”. Se refería a Alberto César Giménez, que era secretario general del gremio de Pasteleros y fue asesinado en febrero de 1976, según todo indica por el Comando Libertadores de América, organización parapolicial. Giménez, que en ese entonces tenía 11 años, entró a la policía para esclarecer el crimen. Pero desde hace tres años recibe amenazas y todo tipo de inconvenientes administrativos. El último apriete que sufrió, según denunció, se produjo apenas unas horas después de que Frías quedara a cargo de toda la policía cordobesa en reemplazo de Sergio Comugnaro. Fue el 28 de diciembre último. Unas horas después, unas motos policiales siguieron a Giménez hasta su casa, donde vive con su mujer y su hijo de 9 años. Apenas pudo hacerlo, el ex comisario amenazado efectuó la denuncia en la Justicia.
Ante el poco eco que dice haber encontrado con las autoridades locales, el ex policía viajó el pasado miércoles 6 de febrero a Buenos Aires junto a su abogado, Hugo Vaca Narvaja, para entrevistarse con el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. “Frías está investigado en la Justicia federal y lo ascienden a jefe de policía. En Córdoba, la policía trabaja con los mismos métodos de la época de plomo de la represión. Sólo que son más diplomáticos. Siento pena, si a mí me hacen esto de apretarme, sabiendo que soy policía, ¿qué le queda al ciudadano común?”, se preguntó Giménez en diálogo con esta revista, instantes antes de entrar a hablar con los funcionarios nacionales. El tema cobró relevancia luego de la publicación de una nota de Guillermo Posadas, en la edición cordobesa de Veintitrés, que a su vez levantó el diario Tiempo Argentino, en la que Giménez responsabilizó al gobernador provincial por su seguridad. “¿Cómo puede ser que De la Sota desconozca el tema? Comprendo que tiene una apretada agenda laboral y asuntos más importantes que el mío, pero nadie me llamó de su parte para interesarse. Lo hago responsable de cualquier cosas que me pase a mí o a mi familia”, advierte Giménez, que conoce muy bien a quienes están al frente de la seguridad en Córdoba. “A Paredes lo conozco bien. Fuimos compañeros de promoción, hermanos de camada. En 2007, cuando asume, nos cita a todos los integrantes de la promoción, uno por uno, a ver qué necesitábamos. Le dije que había denunciado el asesinato de mi padre en la fiscalía, como crimen de lesa humanidad. Le dije que quería que se entere por mi boca, yo no sabía de su vínculo con Yanicelli. Me abrazó y me dio un beso, el beso de Judas. Me dijo: ‘No te hagas problema, en lo que te pueda dar una mano te la voy a dar’”.
Carlos “Tucán” Yanicelli era policía, actualmente se encuentra detenido por el rol que jugó en la dictadura como integrante de la D2, la dirección de investigaciones de la policía cordobesa, que funcionó como centro clandestino de detención.
El ministro Paredes nació el 3 de marzo de 1963. Siendo oficial principal, fue parte de la brigada de Yanicelli. Constituyeron un vínculo perdurable: el “Tucán” es padrino del hijo más grande de Paredes, que prefiere mostrar en público su costado cosmopolita. De la mano de la politóloga Alejandra Monteoliva, consultora de la gobernación cordobesa, forma parte de la Asociación Colombiana de Criminología. Según asegura en su currículum, hizo sus especializaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Policía Nacional Francesa y la Policía de Israel, “promovido por la industria militar israelí”, según dice el CV, donde asegura que hizo un curso SWAT en Nueva Laredo, Texas, entre otros entrenamientos. Fue jefe del Equipo Táctico Especial Recomendado (E.T.E.R.) de 2001 a 2007 y jefe de la División Antisecuestro entre 2004 y 2006. Llegó a jefe de la policía cordobesa en 2007 hasta 2011, cuando De la Sota lo nombró ministro.
Para Hugo Vaca Narvaja, abogado de derechos humanos, los vínculos entre la policía del presente con la del pasado dictatorial son evidentes. Según recordó, durante el terrorismo de Estado “todo militante que detenían, todo supuesto delincuente subversivo, pasaba por el D2, donde lo tenían una semana o diez días torturándolo”. Y agregó que “en el año ’94 Luis Urquiza, que era policía, fue secuestrado y torturado y se tuvo que exiliar, denunció que quienes lo habían torturado habían sido sus compañeros en la policía. Se lo comunicó al hoy diputado nacional Oscar Aguad, que era ministro de Gobierno, quien le ofreció seguridad. A Urquiza luego lo amenazaron y se tuvo que ir a Dinamarca”.
Vaca Narvaja confirmó que Carlos “Tucán” Yanicelli era integrante del D2 y fue instructor de la escuela de policía. “Durante el gobierno de Mestre llegó a número 3 de la policía provincial. En el juicio a Videla le dieron cadena perpetua, se lo identifica como uno de los que llevaban y torturaban a la gente. Por eso la trascendencia del tema cuando Frías amenaza a Giménez y le dice ‘dejate de joder con eso del D2’. Frías es hijo de un policía que actuó en la misma época que actuaba Yanicelli. No sabemos si el padre de Frías tuvo alguna conexión o no con el D2, lo estamos investigando”, relató el abogado.
A través de su currículum se puede saber que Frías es técnico superior en Seguridad y concluyó las carreras de Abogacía en la Universidad de Córdoba y la Licenciatura en Seguridad en Villa María. Nació el 1 de junio de 1961 y fue titular de las seccionales 6ª y 7ª de 2001 a 2004, jefe del Comando de Acción Preventiva 2005, jefe de la Departamental Punilla nombrado en 2007 hasta 2009, cuando fue ascendido a comisario general y designado integrante del Estado Mayor Policial y director general de Departamentales Sur. Luego se desempeñó como director general de Seguridad Capital en 2012. En su trayectoria, Frías tuvo una serie de causas penales que prescribieron, pero que aún generan dudas. Fue acusado de extorsión, de lesiones culposas e incluso fue sospechoso de dos homicidios. Sin embargo, las investigaciones no prosperaron y nadie pudo demostrarle nada.
Hasta el momento, su mayor exposición mediática había sido en oportunidad de dirigir la represión contra la marcha de estatales, el año pasado, donde los manifestantes y legisladores opositores denunciaron que la policía actuó de manera desproporcionada. También es conocido por sus declaraciones en defensa del Código de Faltas, una normativa muy criticada en la provincia por los defensores de los derechos humanos que sostienen que criminaliza a la juventud, ya que son quienes sufren en carne propia la aplicación de esa normativa. Las últimas cifras, de 2010, indican que el total de detenciones por el Código de Faltas informadas por los distintos departamentos de la provincia ascienden a 54.223. Un 44% son jóvenes de entre 18 y 25 años; 8% de entre 26 y 35; más de 45 años, el 17,4%; de 36 a 45 años, el 8,7%; y menores de 18 años, el 5,2%. De acuerdo con la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, en Córdoba, “cada 10 minutos se llevan a un pibe detenido por el Código de Faltas”.
Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, que tenía 19 años y está desaparecido desde el 19 de febrero de 2012, no tiene dudas: “A mi hijo lo desapareció la policía y del gobierno provincial nunca me ayudaron en nada, hasta me quisieron silenciar”, dijo la madre en conversación con esta revista. Su repudio al nombramiento de Frías es rotundo: “Con él va a ser peor, es un amante del Código de Faltas, que le da autoridad a la policía para comportarse como juez, la jefatura policial hace que cada policía detenga por lo menos a 10 personas”. La madre también denuncia que la policía y el gobierno quieren aplicar el Código de Faltas en las manifestaciones sociales. Sin embargo, no se deja amedrentar y anunció que el primer aniversario de la desaparición de su hijo realizarán una marcha y festival para denunciar el caso, que tiene muchas semejanzas con el caso Luciano Arruga en la provincia de Buenos Aires.
A partir de lo que denuncia Alegre sobre la exigencia de un mínimo de detenciones por día que se les hace a los policías, se produjo uno de los casos de jefes sospechados por su mal proceder. El comisario Pablo Márquez, que era jefe de División del Comando de Acción Preventiva, es investigado por abuso de autoridad a raíz de una denuncia efectuada por una policía que lo acusó de ordenar detenciones arbitrarias para elevar las estadísticas policiales, más allá de si los detenidos hubieran cometido o no contravenciones o delitos. La denunciante fue amenazada de muerte. La investigación judicial sigue, pero se sospecha que esto es una práctica extendida a toda la fuerza.
En diálogo con esta revista, el referente provincial del Movimiento Evita, Ricardo Vissani, que estuvo en el D2 detenido, exigió “la inmediata renuncia de Frías”. Para el dirigente, el Código de Faltas es “medieval”. El Movimiento Evita denunció un brutal caso de abuso policial hacia militantes juveniles de la organización. Sucedió el pasado 26 de enero, cuando unos jóvenes que venían de “Jornadas Solidarias” por sus compañeros baleados en Bº Nuevo Alberdi, Rosario (ver recuadro), uno de 19 años y dos menores, iban en taxi al Barrio Comercial. Fueron interceptados por un control policial. Al ver sus remeras, los arrojaron violentamente al piso, los apuntaron con armas largas y revisaron todas sus pertenencias, al tiempo que los amenazaban diciéndoles “ustedes son todos terroristas, los conocemos bien, sabemos dónde viven, si queremos los hacemos desaparecer”. Visanni llamó a que “se terminen los nexos que mantuvieron lamentablemente los dos gobiernos radicales y los peronistas entre comillas que gobernaron hasta ahora la provincia”.
En el Informe 2012 de la Coordinadora Anti Represiva de Córdoba se puntualiza que “los gobernantes otorgan más poder a las fuerzas de seguridad, cobra mayor evidencia la connivencia entre los agentes policiales y sus cúpulas de mando, con el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas para la explotación laboral y sexual y demás entornos y actividades delictivas. La Policía de la Provincia de Córdoba promueve la actividad delictiva”. Lucrecia Fernández, integrante de dicho organismo de derechos humanos y del Frente Popular Darío Santillán, planteó que “hay una política de De la Sota de poner cuatro policías por cuadra y llenar todo de cámaras”. Respecto de cómo funciona el polémico Código de Faltas, Fernández recordó que a Alegre “lo detenían constantemente, por portación de cara” y ahora no investigan porque “no quieren que (la investigación) vaya más allá y se destape todo lo que realmente pasó”.
Fernández, en sintonía con la madre de Facundo Alegre, planteó que “hay un plan sistemático de aumentar la represión, al Código de Faltas se le suma la Ley Antiterrorista, persiguen a quienes se movilizan, como sucede con quienes protestan contra Monsanto y sus fumigaciones. La violencia policial es contra los jóvenes pobres y también contra los de las universidades, adonde la policía ingresa violando la autonomía universitaria”. La militante dijo que reciben “cada vez más denuncias de casos de abusos policiales. Detienen mucho a artesanos, sobre todo si son extranjeros. Les pegan, los dejan incomunicados. Hay mucha tortura. La policía siempre dice que hubo ‘resistencia a la autoridad’. Si se escucha lo que dice De la Sota es claro, habla todo el tiempo de ‘seguridad’, va a recrudecer la represión”.
